Como ya lo venia advirtiendo desde que cree este blog, el "gran hermano" esta listo. Este sistema policial, que todo lo "ve", y que todo lo "oye". esta por implantarse en forma total en todo el mundo.
En muchos países se han aprobado, o están por aprobarse leyes, que le
confieren al estado capacidades de omnipresencia. Lo que se necesita
para implantar definitivamente este sistema, y que sea aceptado por la
mayoría de la población, es un acto terrorista, que produzca un "gran
miedo" en el corazón de la gente; y esto también esta previsto, y se
llevara acabo en las olimpiadas de Londres.
Pero, aquí en México, ya se ha dado un paso de gigante en la consecución de este objetivo, que es La Ley de Geolocalización.
Esta ley le permite al gobierno mexicano, localizar en cualquier punto
de la república mexicana, a cualquier persona sospechosa de cometer
algún delito. Se localizara ya sea por medio del celular, por
satélite, por cámaras en vía publica y/o establecimientos comerciales, o
por cualquier otro medio disponible. Todas las empresas con
tecnología de radiolocalizacion, tendrán la obligacion de proporcionar
estos datos a la justicia mexicana, si son requeridos. Además, hay
que tomar en cuenta que la tecnología de reconocimiento facial, ya esta muy adelantada.
Este día,
se publica en el Diario Oficial de la Nación
el decreto que aprueba diversas reformas para permitir el uso de la
geolocalización para la persecución criminal bajo sospecha. A este
conjunto de cambios legislativos se les conoce como
la Ley de Geolocalización
(o #LeyStalker, como se le ha rebautizado en Twitter), y tras su
discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, entrará en vigor en
México a partir del miércoles 18 de abril.
La propuesta no consiguió el suficiente rechazo para ser descartada durante su fase de discusión. La
Ley de Geolocalización fue respaldada por el empresario
Alejandro Martí, quién a través de la organización México SOS, presentó a inicios de 2011
un proyecto de reforma
para -entre otros puntos- “contemplar la Geolocalización en tiempo real
de llamadas telefónicas en caso de secuestro.” Martí alcanzó notoriedad
pública cuando, en 2008, su hijo fue secuestrado y asesinado; a partir
de esa fecha, se dedicó a promover cambios legislativos para el combate
al crimen organizado, como su apoyo a
la cuestionada Ley de Seguridad Nacional.
La ley pasó al Senado, donde
en abril de 2011
fue aprobada y turnada a la Cámara de Diputados. Ahí se quedó varada,
reavivándose y apagándose el debate durante meses, hasta que el 1 de
marzo de 2012 fue
aprobada prácticamente por unanimidad
(315 votos a favor, 6 en contra). Buena parte de su triunfo se debió al
apoyo público de figuras como Martí o Isabel Miranda de Wallace, otra
promotora de reformas en seguridad en México y actual candidata del PAN a
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Días después de su aprobación,
Electronic Frontier Foundation emitió un comunicado
en el que condenaba la aplicación de esta ley. Con esta reforma, el
Estado está capacitado, a través de sus dependencias de seguridad -como
la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Seguridad
Pública- a
solicitar datos de geolocalización para investigaciones policiales,
sin necesidad de una orden judicial de por medio y bajo motivos de
sospecha. Los proveedores que se nieguen a entregar la información
recibirán una cuantiosa multa por negarse a cooperar con las
autoridades.
La reforma no especifica qué uso se le dará a los datos ni qué
institución será responsable de resguardarlos. A propósito, rescato unas
palabras de Geraldine Juárez, quien ha llevado el seguimiento del tema
en ALT1040:
El Sr. Martí omite el hecho de que la confianza es un algoritmo complicado
que ninguna tecnología puede proveer. La Ley de Geolocalización es
exactamente lo opuesto a lo que se necesita para generar un clima de
justicia y legalidad en México. El caso de RENAUT no fue suficiente para
los legisladores mexicanos reconocieran los riesgos que implican bases
de datos masivas de datos personales y evaluaran de una forma más ética y
justa, y menos moralista — las implicaciones de la aprobación de esta
ley en medio del clima de violencia, corrupción y colusión que existe en
México.
Y ahora, ¿qué queda?
Luis Fernando García, abogado especialista en derechos humanos, considera que se debe promover una acción de inconstitucionalidad:
Se debería buscar que se interponga una acción de
inconstitucionalidad. La pueden interponer la PGR (no va a suceder), la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (Poco probable en tanto el
ombudsman es muy cercano a una de las principales promotoras de la
medida [Miranda de Wallace] pero que debe intentarse) o el 33 % de
alguna de las cámaras. (Difícil).
Para tal efecto, García ha publicado
un análisis jurídico (23 pp.) que sustenta
la inconstitucionalidad
de la Ley de Geolocalización. Con la publicación de la reforma en el
Diario Oficial de la Nación, la discusión ha revivido, por lo que
se ha creado una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga el recurso.
Desafortunadamente, la Ley de Geolocalización no causó suficiente
rechazo en su momento para ser retirada. Como mencioné, el apoyo de
Martí y Miranda, promotores “ciudadanos” de la ley, generó simpatías en
un sector que probablemente desconozca los peligros latentes de esta
reforma. También es cierto que México se encuentra fragmentado en
posturas de seguridad y que las políticas públicas se piensan a corto
plazo, sin medir las consecuencias. El daño ya está hecho. La duda es si
estamos aún a tiempo para revocar la medida.
